Leyendo esta noticia me doy cuenta que fácil es abusar de la ingenuidad de las personas, de la ignorancia y falta de información; dice a la línea:
“Ese año 2000 Andrea Escalante y otros casi mil pobladores firmaron acuerdos extrajudiciales con Yanacocha. A ella le dieron 1.000 soles de indemnización y 2.000 soles por cada uno de sus hijos. “¿Qué iba a saber yo lo que gastaría luego en medicinas?”. A cambio de ese acuerdo, renunciaba a alguna otra acción civil o penal contra la minera. Le dijeron que no podía hablar del tema porque era un acuerdo confidencial. Entonces, no contó nada.”
Abuso semejante no debería pasar inadvertido por el estado, quien debería declarar nula cualquier acuerdo extrajudicial que se haya realizado sin contar con la información completa por cada una de las partes; de modo que cada uno decida con conocimiento de causa y en beneficio mutuo, más aún cuando se trata de asuntos colectivos y que pueden afectar a una población entera; puesto que muchos de ellos estarían dispuestos a negociar extrajudicialmente a cambio de dinero inmediato, pero que a la larga significaría un prejuicio mayor tanto para la persona como para su comunidad. De esta manera también se podría corregir clausulas perjudiciales, alegando que no se contó con la información necesaria y oportuna, y que el ente encargado de brindarla no lo hizo de manera idónea. Este ente debería ser el propio estado y utilizar el mismo sistema que se utiliza para ir a juicio de partes, primero se tiene que pasar por un proceso de conciliación, si este no resulta, entonces recién pasa a juicio; algo similar podría emplearse en este caso. Pasar por un peritaje y evaluación de consecuencias a corto y largo plazo y explicar al detalle estas, para luego, sólo si ambas partes están satisfechas con la información requerida, se pueda o bien negociar, o bien pasar a un juicio.
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