El domingo 19 Perú21 publicó una noticia sobre el mercado negro de armas (http://peru21.pe/noticia/787156/crece-mercado-negro-armas-lima), el cual se ha incrementado en el país alarmantemente, tan sólo en lo que va del año, según la DISCAMEC, entre enero y abril de este año se incautaron 1,832 armas (236 pistolas y 602 revólveres), con estas cifras es comprensible el incremento de la inseguridad ciudadana y los asaltos a mano armada, así como secuestros y crímenes en general. Lo más irónico del caso, lo patético y desconcertante, es que la gran mayoría de peruanos sabe dónde está ese “mercado negro”, el ciudadano de a pie en Lima metropolitana sabe perfectamente que si desea conseguir un arma no registrada de manera ilegal debe acudir a “La Cachina” en la avenida Argentina, no se necesita una gran labor de inteligencia para darse cuenta que de ahí es donde proceden dichas armas; sería sólo cuestión de ubicar los puestos donde se venden “caletamente” las armas, vigilar pacientemente y, a través de un seguimiento, ubicar a los proveedores y a toda la organización mafiosa que trafica con dichas armas.
Pero ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué esperan las autoridades de nuestro país, la policía, si es tan evidente donde encontrar a estos delincuentes? Desde mi posición de ciudadano sólo puedo elucubrar hipótesis, desconozco la realidad interna del manejo estatal; puedo presumir que hay trabas burocráticas, pero nada justifica la inacción de las autoridades ante semejante amenaza; pienso que todo se trata de pura mala voluntad, a nadie le interesa, ni al gobierno, ni a la policía, menos a los congresistas; es un complot total por parte de aquellos quienes viven felices, seguros y protegidos, en contra de aquellos que tenemos que tomar combi para movilizarnos y cuando sacamos nuestros ahorros o cambiamos una considerable cantidad de dólares, sólo nos queda abordar un taxi sin escolta policial ni seguridad personal.
A la policía no le interesa pues tienen suficientes problemas para llegar a fin de mes y cobrar su miserable sueldo que en nada motiva a arriesgar la vida por otros; al gobierno mucho menos, sus integrantes viven en zonas libres de pandilleros y ninguno de ellos se atrevería a enfrentar su escolta personal pagada con nuestro trabajo; el congreso está demasiado ocupado creando lobies y desprestigiándose a sí mismo, incapaces de generar leyes más acordes y severas a los delitos cometidos.
La legislación nacional es la principal traba, los delincuentes gozan de innumerables beneficios penitenciarios que les permiten reducir su condena hasta en tres cuartas partes, cerrando toda posibilidad de negociación, además la brutal corrupción que existe en el INPE les permite seguir dirigiendo a sus bandas desde la cárcel y continuar con su carrera delictiva, para otros tantos la cárcel les sirve como centro de capacitación para afinar sus estrategias y salir más avezados. El sistema está podrido y es incapaz de cumplir con su rol de resocialización. ¿Cómo podría la policía capturar a estos delincuentes cuando desde la cárcel pueden planificar su venganza, mandando a asesinar a sus captores o saliendo en tiempo record para ejecutar ellos mismos a los policías? Es una necedad pretender que la policía haga algo cuando las leyes están diseñadas a favor de los delincuentes, pueden aprenderlos pero saldrán libres al día siguiente simplemente por falta de denuncia o porque estas no se acumulan o porque robaron muy poco dinero para ser encerrados; y los denunciantes, los que tuvieron el valor de capturarlos o de sentar una denuncia tienen que vivir con el temor de ser atacados ellos o sus familias.
Las leyes y el sistema penitenciario tienen que cambiar si queremos que la delincuencia disminuya. Las leyes tienen que ser más drásticas, sin beneficios penitenciarios, en todo caso las penas se pueden reducir en función de que el acusado colabore en las investigaciones brindando información fehaciente para la captura de otros delincuentes. Deben existir sanciones drásticas a los que levantan falsos testimonios, la mentira debería ser penalizada pues entorpece la labor de la justicia; así como también los que compran artículos robados y colaboran en el incremento de la delincuencia. Los delitos deberían ser acumulativos y más severos, muchos pandilleros siguen asaltando porque roban pequeñas cantidades y no los pueden encerrar por eso. Las cárceles deben ser mejor vigiladas y su personal constantemente auditado y rotado individualmente para evitar que se institucionalice la corrupción.
Viendo este tipo de noticias me pongo a pensar cuanta mala voluntad hay en el país y cuanta indiferencia a sus ciudadanos, tan pronto trepan al poder y se olvidan que están ahí para servirnos y no para servirse, pierden tiempo en sus intrigas mientras el país sufre con robos y asaltos, como dije, lo más irónico de todo esto es que no se necesita una gran labor de investigación, todos sabemos dónde podemos encontrar armas, donde van los delincuentes a vender los objetos robados, sabemos que los “cachineros” saben quiénes son los mayores ladrones, pues ellos los proveen de objetos para vender; sabemos que en San Jacinto desmantelan autos robados, sabemos que en la cachina y tacora los delincuentes venden lo que roban a los demás; ¿Qué esperan para parar esto? Simplemente tener buena voluntad.
